Una resolución del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, en su función como Protectorado de fundaciones ha anulado una decisión del anterior Gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos para transformar la financiación pública de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) a una fórmula con financiación privada a razón de 49 por ciento de la Administración autonómica y 51 por ciento a cargo de las organizaciones sindicales y de empresariales.
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